Sin pauta nominal que balice el camino

Martín Redrado
Director de Fundación Capital

Las actuales autoridades encararon un plan de emergencia para los primeros meses del año, buscando sacar al paciente de terapia intensiva, para recién después de eso administrar la medicina necesaria para salir adelante. En este sentido, recién en el día 181 podremos ver algunas decisiones claves para la inflación como son las tarifas, la brecha cambiaria y las decisiones fiscales de mediano plazo. Hasta tanto, el sector privado sigue sin una clara pauta nominal que balice el camino para su toma de decisiones.

En un marco en que el gobierno busca desindexar la economía, las autoridades esperan que se logre un panorama económico más certero, en el que los acuerdos paritarios se firmen en línea con la inflación futura, eliminando las cláusulas gatillo. Así, hasta no alcanzar un acuerdo de precios y salarios, intentarán postergar los nuevos acuerdos, dando en su lugar aumentos de suma fija. En detalle, persiguen el doble objetivo de frenar la inercia inflacionaria, a la vez de mejorar el poder adquisitivo, especialmente en aquellos de ingresos más bajos.

No obstante, en el actual contexto es poco probable lograr un porcentaje de aumento que satisfaga tanto a las cámaras empresariales, como a los gremios. De este modo, desde las autoridades se ha alentado la postergación de los acuerdos paritarios, implementando a través del Decreto 14/2020 y del 56/2020, incrementos de monto fijo (una suba de $4.000 para privados y de igual monto para públicos, respectivamente).

Este esquema logró el aval de las principales organizaciones empresariales, como son la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio. En esta dirección, La Bancaria fue el primero en abrir la ronda de paritarias del año. Si bien no se fijó un porcentaje anual, se estableció un aumento de suma fija escalonado por categoría de ingresos entre $4.500 y $10.500, a pagar en los primeros dos meses del año, implicando una suba en torno al 9% respecto a diciembre. Por su parte, el sindicato de Agrarios también acordó aumentos de suma fija hasta julio ($4.000, en cinco cuotas de igual monto), el cual será absorbido por las futuras negociaciones salariales. Por el momento, no se conocen las posturas de otros sindicatos que nuclean a un gran número de trabajadores, como son el de Comercio, la Unión Obrera Metalúrgica, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y Petroleros, aunque sus acuerdos anuales se concentran en el segundo trimestre.

Por otra parte, algunos gremios ya empezaron a cuestionarse por la extensión en el tiempo del esquema de aumentos de suma fija, entre los que destacan Alimentos y la CGT. Este último pone foco en los controles de precios y en la autonomía de las negociaciones colectivas.

Un gremio que merece destacarse es la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles que acordó una suba del 20% por siete meses, que comenzará a abonarse con el sueldo de abril y que absorberá los aumentos del Decreto 14/2020. Esta negociación, que no incluyó un alza de monto fijo, encendió una luz de alerta para las autoridades.

Sin embargo, un punto que será central para determinar el poder de compra de los trabajadores y que limitará el reclamo de los gremios es el debilitado mercado laboral. En noviembre, volvió a contraerse el empleo en el sector privado registrado (-2,6% i.a., -156 mil trabajadores), tras un año y medio de destrucción de puestos de trabajo. En este sentido, la masa salarial total podría finalizar el año levemente por debajo de la inflación, pero con un repunte hacia la segunda mitad de 2020 (+0,2% i.a.).

De este modo, con el objetivo explícito de las autoridades de desindexar la economía, achatar la pirámide de ingresos al tiempo de recomponer el consumo y contener el gasto público, se optará por postergar paritarias con aumentos de suma fija y plantear un nuevo sendero fiscal hacia delante con un esquema que se basa en la inflación futura. De todas formas, las nuevas autoridades cuentan con un estrecho margen de maniobra por lo que habrá que monitorear no sólo la renegociación de la deuda, sino que también las decisiones que se tomen cumplidos los 180 días autoimpuestos. Hasta tanto, el sector privado continúa sin una pauta nominal que marque el camino y permita “anclar” las expectativas de la población.